Represión

Por Crates
«¿Por qué condenar a las malas palabras?», se preguntaba el querido Negro Fontanarrosa en aquel recordado Congreso de la Lengua celebrado en Rosario en el 2004. Él abogaba por indultarlas, ya que –también se preguntaba– «¿Le pegan a las otras palabras? ¿Son de mala calidad y cuando uno las pronuncia se deterioran? ¿Quién las define como malas palabras?» Son algunas de las preguntas que también yo me formulo cuando desaparecen del lenguaje coloquial algunas expresiones que parecieran malditas. Una de ellas es «represión». Claro que en su caso la ha condenado la memoria colectiva de un país que necesariamente la asocia al período más oscuro, cruel y sangriento de nuestra reciente historia. Nos negamos a usarla; pero no quiere decir que haya perdido el significado que le adjudica la Real Academia, que como primera acepción apunta: «Contener, refrenar, templar o moderar». Podríamos agregar, aunque también resulta antipática, «castigar». En cualquier caso su aplicación se le debe seguir atribuyendo a la autoridad legítimamente constituida, encargada de preservar la convivencia social, siempre dentro del marco de la ley. Sin otras connotaciones que evoquen aquel tiempo del terrorismo de Estado.
Pero pese a disquisiciones semánticas, sigue siendo necesario que la autoridad –legítimamente constituida– reprima, contenga, refrene, temple, modere o castigue toda conducta antisocial, particularmente aquellas que vulneran derechos colectivos. Pero no pareciera que nuestros gobernantes estén muy dispuestos a ello. Quizás temen que se les asocie con aquellos otros usurpadores del poder que fueron tan eficaces en aplicar «su» ley sin respetar los límites que impone la legislación y la sola condición humana. Si es así, se equivocan, están alentando o consintiendo la anarquía, entendida como «la ausencia de poder público, el desconcierto, la incoherencia, el barullo» (acudiendo una vez más al diccionario de la Real Academia).
Es indispensable que la autoridad federal nos garantice, por ejemplo, la libre circulación por todas las rutas del país (un derecho consagrado constitucionalmente), aunque lo reprueben los D´Elía y sus numerosos congéneres. O que desde el ámbito gubernamental que corresponda se castigue (iba a decir reprima) a aquellos productores agrarios (si es que los hay) que construyeron acequias clandestinas que han contribuido a agravar el problema de las inundaciones. O que nuestro Intendente municipal se ocupe no sólo de mantener un eficiente servicio de recogida de basura –que estos días ha quedado en entredicho–, sino que también castigue, haciendo uso de la ordenanza pertinente, a aquellos vecinos que han convertido a nuestras poblaciones del Partido en auténticos basurales, por pura desidia.
Que a nuestra primera autoridad local le repugne la idea de «reprimir» (tiene suficiente edad para que le dé escozor), no lo exime de la primaria responsabilidad de preservar la normal interrelación entre los vecinos, alterada por la inconducta de unos cuantos. Celebramos que se hagan campañas informativas dirigidas a moderar ciertos hábitos, como pudo ser la muy reciente para advertir sobre la obligación de los motociclistas de usar casco. Pero ya lo ve usted, señor Horacio Errazu, los motociclistas siguen sin usarlo. O tales prácticas se reprimen (perdón, quise decir sancionan con fuertes multas), o el dinero empleado en campañas publicitarias se convierte en un derroche inútil. No se pelee con las palabras, haga uso del mandato que le hemos dado.