Por Crates
La historia de nuestro país está jalonada por antagonismos irreductibles, siempre más próximos al encono que a la natural discrepancia. Nació la Patria hace 200 años bajo el signo del enfrentamiento de Saavedra y Moreno; no hubo tregua entre ellos y devino en sangre. Les sucedieron, aún con la nación por consolidarse, unitarios y federales, protagonistas de cruentas batallas intestinas durante más de treinta años. Uno y otro bando aportaron los muertos necesarios para cimentar el odio, desde Dorrego a Facundo Quiroga, mientras la generación del 37 –Echeverría, Alberdi, Sarmiento– denostaba implacablemente al «bárbaro» Rosas. En Caseros se liquidó –siempre con sangre– la larga controversia, aunque no aplacó el rencor. Y supo la facción triunfante consagrar un Estado republicano, liberal y declamatoriamente federal, que en los hechos marginó a buena parte del país.
Desgajada Buenos Aires de la naciente república, en Pavón y Cepeda se le torció el brazo y Mitre fue el primer presidente de la Argentina formalmente unida, pero que seguiría contabilizando asesinados, como el Chacho Peñaloza. Sarmiento y Avellaneda, sus sucesores, tampoco se caracterizaron por su tolerancia, ni mucho menos Roca, caudillo de la gesta contra el indio iniciada por Avellaneda, que despojó a sus legítimos  propietarios de la tierra, para entregársela a una entonces incipiente oligarquía que gobernaría el país durante casi cuatro décadas mediante el fraude y la violenta conculcación de elementales derechos ciudadanos.
El advenimiento de gobiernos posteriores, a través de la ley Sáenz Peña, no supuso la instauración del diálogo, aún desde la discrepancia, como el medio idóneo para convivir en paz. La Semana Trágica o los fusilamientos de la Patagonia forman parte, mal que nos pese, del bagaje del primer gobierno surgido de la voluntad popular. Ni qué decir de la Década Infame, cuyo autoritarismo nutrió la esencia del intermitente acceso al poder de posteriores «salvadores de la Patria» vestidos de uniforme, en cada ocasión más brutales, hasta culminar con la desaparición de 30.000 argentinos.
De la joven democracia que transitamos desde 1983 tampoco ha estado ausente la intolerancia. Nadie hasta aquí ha sido capaz de reconocer en el otro, en el que piensa distinto, cuota alguna de razón. Hoy estamos ante un gobierno que desconoce empecinadamente la opinión –que no es la suya– de más del 60 por ciento de la ciudadanía, y de una oposición incapaz de adherir a cualquier iniciativa del oficialismo, así se trate de asuntos en los que tiene manifiestas coincidencias.
Resulta preocupante que en el más estrecho ámbito de nuestro Partido de Exaltación de la Cruz se reproduzcan similares comportamientos. Su cuerpo deliberante nos muestra a un bloque abroquelado en la defensa a ultranza de iniciativas propias o del Ejecutivo al que responde y a una oposición empeñada en cuestionar todo, se trate de lo que se trate. El reciente pedido de convocatoria a sesiones extraordinarias formulado por FE para tratar temas ya abordados o en trámite, no es más que una maniobra propagandística sin mayor sentido y que pone en evidencia su intolerancia. Como también lo es la del propio grupo oficialista al negarle de manera sistemática el pan y la sal a sus opositores. Ninguno de los dos parece idóneo ni dispuesto a inaugurar un tiempo de construcción en común, civilizado y dialogante, tal como lo deseamos y así lo manifestamos con nuestro voto quienes no nos consideramos herederos de los  ancestrales odios que han dividido a la sociedad argentina. Ni mucho menos del que supieron encarnar en nuestro propio medio, apenas unas décadas atrás, dirigentes políticos que dirimieron a tiros sus diferencias.
De la historia deberíamos aprender todos que la aceptación en paz de nuestras disímiles maneras de leer la realidad, es la única fórmula que garantiza el futuro al que aspira el conjunto de nuestra comunidad.